Un Pacto de Estado contra la Violencia Machista
La violencia contra las mujeres es una violencia estructural que atraviesa a toda la sociedad. Cada denuncia que se presenta, cada mujer maltratada, cada asesinato cometido es un asunto de Estado, que exige que todos los partidos políticos y fuerzas sociales trabajen sin fisuras para alcanzar su total erradicación.
Las organizaciones de mujeres de nuestro país llevamos años reivindicando la necesidad de equiparar esta forma de violencia con el terrorismo, puesto que es fruto de la inequidad que sigue caracterizando a la sociedad patriarcal y en la que las mujeres nos encontramos en situación de subordinación.
A pesar de la invisibilidad en la que seguimos sumergidas las mujeres con discapacidad en este ámbito, los datos nos muestran que el porcentaje de mujeres con discapacidad acreditada que cada año mueren asesinadas por sus parejas o ex parejas asciende a un 13%, porcentaje presumiblemente mayor, si se tiene en cuenta que quedan fuera de la estadística aquellas mujeres que no tienen valorada oficialmente su discapacidad.
No sabemos cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia de género, ni cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato. Tampoco conocemos cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo.
La adopción de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un gran paso, siempre y cuando sirva para dar respuesta real a las necesidades que el sistema de prevención y abordaje de estas situaciones presenta en la actualidad.
Su eficacia como Pacto, pasa necesariamente, por que cuente con la participación no solamente de todos los partidos políticos, sino también de las organizaciones de mujeres, y muy especialmente, de las mujeres más invisibles, como garantía de toma en consideración de la diversidad. Desde esta perspectiva las formas de violencia contra las mujeres incluidas en la actual legislación española deben también ampliarse.
Otra premisa ineludible es que se trate de un Pacto dotado presupuestariamente. No se puede hacer política-ficción con la violencia de género. Hace falta impulsar mecanismos de coordinación, formación, campañas, implantación de recursos asistenciales, de orientación… Y todo esto se consigue con dinero.
POR TODO ELLO, DEMANDAMOS:
– Incluir en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género otros tipos de violencias machistas, como pueden ser las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual o las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos, que deberían estar prohibidos en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas.
– Impulsar protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista: los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia. En este punto el movimiento asociativo de la discapacidad, y más concretamente las organizaciones de mujeres con discapacidad, pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental.
– Garantizar la plena accesibilidad de todos los recursos, de la información y de la comunicación, incluidas las campañas de toma de conciencia, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género.
– Impulsar las acciones de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los servicios sanitarios y servicios sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad, para asegurar de esta manera una atención adecuada a estas mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.
– Incluir la variable de discapacidad en todos los registros oficiales sobre violencia de género.
– Desarrollar una macroencuesta sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad que pueda permitir valorar las actuales medidas legislativas, administrativas y políticas generales y específicas para su protección y recuperación de las víctimas, teniendo debidamente en cuenta los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.
– Desarrollar una política dotada presupuestariamente de promoción de la autonomía personal dirigida a mujeres con discapacidad en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
– Establecer un programa estatal que contemple de manera integral los diferentes mandatos en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad contenidos en los diversos cuerpos normativos nacionales e internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha Contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y la Ley Integral contra la Violencia de Género en nuestro país.
¡Ni una menos! Las mujeres con discapacidad contra la violencia.
